El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial contraido por los cónyuges. Este es un trámite que tiene como finalidad disolver los lazos maritales y patrimoniales de la sociedad conyugal constituidos con ocasión del matrimonio. Para poder iniciar esta actuación se requerirá haber incurrido en alguna de las causales señaladas por la ley, o que los contrayentes de mutuo acuerdo así lo hayan decidido.

Éste proceso trata de interrumpir una de las principales obligaciones dentro del matrimonio como es la de convivir, ya que supone como su nombre lo indica, la eliminación del deber de cohabitar bajo el mismo techo, con la salvedad que el vínculo matrimonial queda intacto. La ventaja que otorga esta figura es la de permitir la reanudación de los efectos del matrimonio, por lo que se trata de una opción muy útil para todas aquellas parejas que se resisten a dar por terminado su vínculo matrimonial y que tienen la convicción de que su situación sentimental pueda mejorar con el transcurrir del tiempo. En caso contrario de querer seguir viviendo por separado, los separados de cuerpo estarán facultados para acudir ante el juez y expresar su voluntad para que la separación se declare definitivamente, en cuyo caso se deberá adelantar el trámite de divorcio.

La separación de bienes es la figura utilizada en el derecho para extinguir uno de los efectos más importantes que se generan con ocasión al matrimonio, relacionado con la presunción en que los bienes obtenidos durante la vigencia del vínculo matrimonial hacen parte de la pareja que conforma la sociedad. Por lo tanto iniciada la separación de bienes, el patrimonio que se constituya a partir de dicha declaratoria será del cónyuge que los haya adquirido.

Ante la eventualidad en que la pareja de casados instaure un proceso de divorcio y mediante sentencia judicial se decrete la disolución de la sociedad conyugal, se deberá iniciar con posterioridad un proceso para liquidar y dar por terminado ese haber social que se constituyó durante la vigencia del matrimonio. Este proceso implica la división en partes iguales de los bienes y deudas contraídos por los esposos dentro de la constitución de la sociedad, con la finalidad de efectuar la adjudicación de cada derecho en cabeza de los cónyuges, con la libertad de tener el libre manejo de sus bienes incluyendo los que se adjudiquen como consecuencia de la liquidación de la sociedad.

El reconocimiento o la legitimación de hijo extramatrimonial, es una potestad que regula el cambio de la situación jurídica de los hijos nacidos fuera del matrimonio en virtud de la declaración por parte de quienes aparecen registrados como sus padres, quienes son efectivamente sus ascendientes legítimos, ya que en el momento de su nacimiento no habían contraído el vínculo matrimonial.

La regulación de visitas, es un procedimiento judicial mediante el cual se trata de mantener un equilibrio entre los padres separados que no poseen la custodia de sus hijos, con la finalidad de ejercer sobre éstos los derechos derivados de la paternidad. En principio, las visitas podrín ser acordadas por la pareja según las circunstancias concretas del caso, con aprobación del funcionario correspondiente, o en su defecto mediante sentencia que decida el caso respectivo.

La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre los hijos que aún no tienen plena capacidad para obrar y que siguen dependiendo de sus progenitores. Este deber de auxilio y protección les corresponde a los padres de manera conjunta, aunque a falta de uno de los padres, la ejercerá el otro. En circunstancias específicas, es procedente entablar una demanda para solicitar la suspensión, privación o restablecimiento de la patria potestad del padre que haya incurrido en ciertas causales que estipula el código civil, en caso tal que la conformación del hogar se haya desintegrado y se presente una disputa de los padres por el cuidado de los hijos.

El proceso de alimentos, es un trámite mediante el cual se solicita ante un juez de familia la retención del salario, las prestaciones sociales y en caso tal, el embargo y secuestro de los bienes muebles o inmuebles que sean propiedad del padre o la madre que esté incumpliendo con las obligaciones alimentarias concernientes a la cuota o asignación mensual que todo padre en capacidad de responder económicamente tiene respecto de sus hijos.

La muerte es el hecho que marca la transmisión o transferencia de un patrimonio en cabeza del fallecido, hacia los posibles herederos que el causante a bien tenga. Por lo tanto siempre ante cualquier fallecimiento sin importar su circunstancia, deberá iniciarse el proceso de sucesión por causa de muerte, con la finalidad que los bienes dejados sean asignados a sus herederos ya sea con motivo a la voluntad del difunto, o en caso contrario de acuerdo a los parámetros designados por la legislación civil.

El testamento es el acto jurídico mediante el cual una persona hace una disposición de sus bienes, para que después de fallecido, se haga efectiva su voluntad tal como consta en los escritos o declaraciones que este haya manifestado. Los bienes sobre los que recae el testamento, ya sean en su totalidad o parte de ellos, podrán ser asignados a un familiar, a un amigo o hasta un desconocido siempre y cuanto se cumplan con los requisitos que ha designado la ley. Es por ello que el testamento es el acto en el que se atestigua de manera fehaciente la voluntad del fallecido.

La existencia de las personas tanto física como jurídica termina con la muerte. En el evento de presentarse dicho supuesto, es necesario iniciar una serie de gestiones que son requeridas para que sus herederos o dependientes no se vean afectados o desprotegidos como consecuencia de la desaparición de esa persona. Por este motivo se podrán adelantar trámites como el de la solicitud de la pensión para los sobrevivientes, la sustitución de la pensión que recibía la persona fallecida, la solicitud de los perjuicios posiblemente ocasionados y en gran medida la iniciación de derechos herenciales que se generen con motivo al fallecimiento.

La declaratoria de interdicción es la prohibición de ejercer un derecho civil a determinada persona por haber incurrido en algún tipo de incapacidad psicológica. El proceso de interdicción judicial, es aquel en el que se priva de la capacidad y facultades del ejercicio de derechos de una persona una vez adquirida la mayoría de edad.

Cualquier menor puede obtener pasaporte y salir del país con sus padres o con el padre que posea la custodia o patria potestad, sin que sea necesario acreditar documento diferente al registro civil de nacimiento en el caso que salga con los padres biológicos o adoptivos, o copia autentica de la sentencia que confiere la representación legal o de la adopción ejecutoriada, o registro de defunción de quien faltare si es el caso.

Reconocidas en el campo jurídico como la uniones maritales de hecho, la cual hace referencia a la comunidad de vida formada entre un hombre y una mujer que no se encuentran casados, que conviven de forma estable y permanente con la intención que dicha unión perdure a futuro, con objetivos y consecuencias similares a las del matrimonio. Para obtener los privilegios de esta opción tales como la presunción de la sociedad patrimonial comprendida entre los compañeros o el derecho de alimentos, es necesario cumplir con los requisitos de tiempo, convivencia y reconocimiento, ya sea por vía judicial o por vía notarial.

Es el estado jurídico que la ley le asigna a determinada persona, como resultado de la relación natural de procreación que lo liga a su descendencia, que a su vez origina un conjunto de derechos y obligaciones entre ellos. Se trata en sí, de un vínculo jurídico establecido a partir de un enlace de carácter genético entre un ascendiente y un descendiente de primer grado, cuyo fundamento se advierte en el hecho biológico de la procreación, ya sea natural, asistida o artificial.

Con el patrimonio de familia se protege un inmueble como patrimonio familiar, dándole el carácter de inembargable indistintamente de la persona que aparezca registrada como titular, ya sea a nombre de uno de los cónyuges o compañeros permanentes o a nombre de ambos. Ello es así porque lo que se pretende es poner a salvo el patrimonio familiar de las pretensiones económicas de terceros.

La afectación a vivienda familiar es una figura creada por la legislación civil, con la finalidad de proteger el hogar en el que resida una familia, de manera que dicha propiedad no pueda ser perseguida por acreedores que pongan en riesgo el único patrimonio que legitime la vida digna del núcleo familiar. Se consagra con esta alternativa, la protección a la familia como la institución básica de la sociedad, por lo que se requiere de un espacio físico mínimo en el que sus integrantes puedan ejercer las actividades rutinarias adecuadas a su preservación y desarrollo.

Los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas deben ser inscritos en el respectivo registro civil, especialmente los de nacimiento, reconocimiento de hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones en caso de incapacidad mental, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, nulidades de matrimonios, divorcios, separaciones de cuerpo y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimos, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, con indicación del folio y el lugar del respectivo registro. Así mismo se inscribirán las providencias judiciales y administrativas.

Acciones de reparación directa.

Defensa de acciones de repeticion.

Procesos del régimen especial de fuerza pública.

Medicina laboral.

Régimen prestacional y pensional.

Procesos por daño y perdida de elementos del Mindefensa

Derechos de carrera.

La Responsabilidad Contractual supone la transgresión de un deber de conducta impuesto en el contrato. Ésta figura se identifica en el derecho como la responsabilidad civil contractual, originada por el incumplimiento de alguna de las partes que haya transgredido un acuerdo de voluntades incorporadas al interior de un contrato. A raíz de este incumplimiento, la parte afectada estará dotada de plenas facultades para iniciar un proceso judicial que declare en consecuencia la inobservancia de las cláusulas del contrato, el cual permita solicitar su resolución en conjunto con la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

Todo trabajador para que sea desvinculado de la actividad laboral que esté desempeñando, deberá haber incurrido en alguna causal justificada que legitime el comentado despido, teniendo el empleador la carga argumentativa para demostrar la veracidad de lo afirmado, dado que si estas circunstancias no fueren respetadas y no se cumpliere con el procedimiento exigido, se incurriría en un despido ilegal pese a que haya sido inspirado en motivaciones legítimas.

Conocido en el derecho como el Ius Variandi, denotando la facultad que tiene el patrono para modificar las condiciones de trabajo sin extralimitarse de los propósitos designados en la legislación laboral.

Es aquel contrato en donde una de las partes denominada vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa determinada, a la otra parte que integra la relación contractual mejor conocida como comprador, la cual se encuentra en la obligación de cancelar un precio cierto para adquirir la titularidad del bien que está próximo a recibir.

La mujer que durante la prestación de sus servicios laborales, se encuentre en estado de embarazo tendrá derecho a la protección a la maternidad consagrada en el artículo 43 de la Constitución Política de Colombia, el cual señala que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación, que durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, por medio del cual se puede concluir que ninguna mujer empleada que se encuentre en estas condiciones, podrá ser despedida por motivos de embarazo o lactancia.

El acoso laboral es cualquier manifestación de agresión, maltrato, ofensa o discriminación, ejercida sobre un empleado o superior jerárquico, que esté dirigida a infundir miedo, intimidación, error y angustia que ocasione un perjuicio laboral que en consecuencia desmotive las actividades desplegadas en el lugar de trabajo.

Al igual que el salario, existen otro tipo de retribuciones que se derivan de la prestación personal y subordinada de la actividad laboral tales como las vacaciones, primas, cesantías, salud, pensiones y los riesgos profesionales, con la salvedad que estas últimas mejor conocidas como prestaciones sociales, no retribuyen propiamente la actividad desplegada por el trabajador sino que cubre los riesgos o adversidades inherentes al trabajo desempeñado, que podría traer como consecuencia el desempleo, la disminución o perdida de la capacidad laboral, accidentes, vejez y hasta la muerte.

ASESORÍAS SOBRE PERÍODOS DE PRUEBA, JORNADA DE TRABAJO, SALARIOS, VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, AUXILIO DE TRANSPORTE, DOTACIONES Y SUBSIDIO FAMILIAR.

Teniendo en cuenta que aspectos tan importantes en el contrato de trabajo son desconocidos en gran medida por los trabajadores, se brinda mediante esta alternativa una ayuda para que los interesados puedan consultar en qué consisten estas figuras y que beneficios podrían adquirir con el ejercicio de las mismas.

Los empleadores que tengan a su cargo el manejo y control de un personal de trabajo para el ejercicio y desarrollo de determinadas actividades laborales, deberán tener pleno conocimiento de los conceptos, procesos y reconocimientos generales de las incapacidades, licencias, riesgos profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que puedan padecer las personas que están bajo su responsabilidad. Pese a esto es necesario recalcar que las incapacidades por enfermedad general y las licencias de maternidad estarán a cargo de las EPS, que a diferencia de los accidentes de trabajo serán asumidos por las administradoras de riesgos profesionales conocidas como las ARP.

En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable, bien sea por parte del empleador o por parte del trabajador. La indemnización comentada comprenderá tanto el dinero que el afectado haya dejado de percibir con motivo al incumplimiento de lo pactado, como los gastos que este haya incurrido a partir del mismo.

Mediante esta solicitud se le permitirá al trabajador conocer de manera precisa el número de semanas cotizadas en el respectivo fondo de pensiones o en la entidad prestadora del servicio de salud a la cual se haya afiliado, para que en el evento en que adquiera sus derechos pensionales o pretenda ejercer sus derechos de salud, pueda corroborar los pagos efectuados para que así de manera pronta le reconozcan sus derechos.

Los trabajadores que acrediten un mínimo de años con aportes reconocidos en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social de cualquier orden, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre y cuando se cumpla con el requisito de tener una edad mínima tanto como para hombres como para mujeres. Para el reconocimiento y pago de las pensiones se tendrá como referencia el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales haya cotizado el afiliado durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o de supervivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor.

Con motivo a que en Colombia no existe un auxilio de desempleo, las cesantías cubren en cierto modo ese estado de inactividad en que la persona no se encontrará laboralmente activa; es por ello que a modo de apoyo dicho beneficio se cancela en el momento de la terminación del contrato de trabajo.

Es una alternativa ofrecida a quienes celebren contratos, acepten recibos, cuentas, notificaciones y demás documentos para que mediante un exhaustivo análisis jurídico, se le brinde a los interesados las alternativas, soluciones y explicaciones de lo que contienen los documentos anteriormente descritos, en la medida en que tengan plena conciencia de las obligaciones contraídas o de los compromisos futuros a adquirir.

El derecho de petición es un derecho consagrado en la Constitución nacional en su artículo 23, el cual les confiere a los ciudadanos la posibilidad de poder presentar peticiones respetuosas a las autoridades, para que se les suministre información sobre situaciones de interés general o particular.
Los particulares pueden solicitar y tener acceso a la información y documentos que reposan en las diferentes entidades públicas, siempre y cuando no se trate de información que por ley, no tengan el carácter de reservados, caso en los cuales no procede el derecho de petición.

La acción de tutela es el mecanismo de protección más eficaz para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar los derechos fundamentales. Este amparo se caracteriza por ser un procedimiento ágil y preferente, el cual podrá ser instaurado por la misma persona afectada o por quien actúe en su nombre, sin la necesidad de abogado o de algún tipo de formalidad, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular que preste servicios públicos.
El amparo consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, cese o se abstenga de hacer las maniobras o actividades que están o pueden ocasionar un perjuicio grave e irremediable.

Los trabajadores que acrediten un mínimo de años con aportes reconocidos en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social de cualquier orden, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre y cuando se cumpla con el requisito de tener una edad mínima tanto como para hombres como para mujeres.

Es una medida ejercida con el objeto que las pensiones de vejez o de jubilación, de sustitución o sobreviviente y de invalidez, reconocidas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones en Colombia como lo es el de Prima Media con Prestación Definida o el de Ahorro Individual con Solidaridad, mantengan su poder adquisitivo de manera constante, el cual se reajustará anualmente el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor. Esta medida permite en últimas que la pensión recibida conserve su poder adquisitivo y no se devalué con motivo a las variaciones inflacionarias.

Todo trabajador para que sea desvinculado de la actividad laboral que esté desempeñando, deberá haber incurrido en alguna causal justificada que legitime el comentado despido, teniendo el empleador la carga argumentativa para demostrar la veracidad de lo afirmado, dado que si estas circunstancias no fueren respetadas y no se cumpliere con el procedimiento exigido, se incurriría en un despido ilegal pese a que haya sido inspirado en motivaciones legítimas. De esta forma da a lugar al resarcimiento de los perjuicios ocasionados dentro de los parámetros legales, con la posibilidad de solicitar el reintegro del trabajador a las labores que venía ejecutando antes de presentarse el despido ilegítimo, en conjunto con el pago de los salarios dejados de percibir.

La indemnización es la reparación jurídica de un daño o perjuicio causado, que deviene de la petición realizada por parte de la víctima o acreedor de una determinada suma de dinero, la que deberá ser equivalente al daño producido o a las ganancias y beneficios que hubiese adquirido de no haberse producido cierto daño por parte del victimario o deudor. Es por esto que, generalmente, se habla de indemnización de perjuicios, entendiendo la palabra perjuicio, como aquel daño producido por el deudor o victimario, y que deberá ser compensado.

El derecho de petición es un derecho consagrado en la Constitución nacional en su artículo 23, el cual les confiere a los ciudadanos la posibilidad de poder presentar peticiones respetuosas a las autoridades, para que se les suministre información sobre situaciones de interés general o particular.

Tutela

Mejor conocido como el contrato de mutuo, dicho contrato consiste en el préstamo de un dinero otorgado en calidad de préstamo, con la obligación de restituir la misma cifra. Éste tipo de transacciones se caracteriza por lo que habitualmente suele ser remunerado mediante el pago de intereses que tienen como fundamento el simple transcurrir del tiempo.

Es el contrato mediante el cual dos partes que intervienen en un acuerdo de voluntades se obligan de manera recíproca, en donde la parte denominada arrendador, se compromete a permitir de manera temporal el uso y goce respecto de un bien, a la otra parte que interviene en el contrato mejor conocida como arrendatario, quien a su vez es obligado a cancelar por ese uso y disfrute del bien, un precio cierto y determinado.

Es el derecho que recae sobre un bien cierto y determinado, para gozar y disponer de él libremente, siempre y cuando no contraríen las finalidades legales, económicas y sociales que recae sobre cualquier tipo de bien, en aras de respetar los derechos ajenos. Al descomponer las prerrogativas derivadas de la propiedad es posible identificar el derecho al uso, a servirse y beneficiarse de los frutos que la cosa genere y el más importante el de todos como lo es el derecho a disponer con exclusividad, ilimitación y perpetuidad mientras se conserve la cosa.

Es aquel contrato en donde una de las partes denominada vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa determinada, a la otra parte que integra la relación contractual mejor conocida como comprador, la cual se encuentra en la obligación de cancelar un precio cierto para adquirir la titularidad del bien que está próximo a recibir.

Es el contrato por el cual alguien transfiere a otro un crédito, derecho o acción que tiene contra un tercero. Es necesario clarificar que no debe confundirse la cesión de un derecho con la renuncia, ya que esta no lleva consigo sino el desprendimiento de un derecho, bastando para ello la voluntad del renunciante, mientras que en la cesión, además del desprendimiento, comprende la transmisión del derecho a otra persona con la necesidad que concurran tanto la voluntad del cedente como la del cesionario.

Este tipo de proceso tiene como finalidad adelantar mediante la vía judicial, el cobro o ejecución de los créditos a favor del acreedor, representados a través de títulos valores que contengan una obligación clara, expresa y exigible. Por razón de este proceso se legitima el ejercicio de la literalidad que incorporan los títulos valores, ya sean de contenido crediticio, representativo de mercancías, corporativos o de participación.

La Responsabilidad Contractual supone la transgresión de un deber de conducta impuesto en el contrato. Ésta figura se identifica en el derecho como la responsabilidad civil contractual, originada por el incumplimiento de alguna de las partes que haya transgredido un acuerdo de voluntades incorporadas al interior de un contrato. A raíz de este incumplimiento, la parte afectada estará dotada de plenas facultades para iniciar un proceso judicial que declare en consecuencia la inobservancia de las cláusulas del contrato, el cual permita solicitar su resolución en conjunto con la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.